Bares, restaurantes, músicos, DJs, artistas y productores de eventos piden que el dictamen no quede firme. Avanzar el proceso significaría legitimar una propuesta con vicios de fondo mediante una consulta pública que, por ley, no obliga a la Municipalidad a incorporar ninguna observación ciudadana. El proceso debe reiniciarse desde cero.
El sector de entretenimiento nocturno y cultural de San José —bares, restaurantes, discotecas, músicos, DJs, artistas, productores de eventos y los cientos de trabajadores independientes que dependen de esta industria—, con el apoyo de ASOBAREST, Cream Agency y Pure Beats SRL, solicita al Concejo Municipal rechazar el dictamen que avanza el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos en la votación del 14 de julio, para que el proceso se reinicie con una participación real de todas las partes afectadas desde el principio.
El proyecto fue elaborado por la Gerencia Municipal y la Alcaldía, y enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos con un plazo muy breve para observaciones. La Comisión emitió dos dictámenes —uno de mayoría y otro de minoría— y el Concejo Municipal, en sesión del 7 de julio de 2026, aprobó el dictamen de minoría (favorable a avanzar el reglamento) con siete votos a favor y cuatro en contra, sin alcanzar la firmeza inmediata, que requiere ocho votos. El dictamen se discute nuevamente el lunes 13 de julio, y el martes 14 se decide si queda firme. Si queda firme, el proyecto avanzaría a publicación en La Gaceta, donde el Artículo 43 del Código Municipal exige abrir una consulta pública con un plazo mínimo de diez días hábiles. Sin embargo, esa consulta es no vinculante por ley: la Municipalidad no está obligada a incorporar ninguna observación ciudadana antes de votar definitivamente. El sector advierte que participar en ese proceso, sin haber corregido los vicios de fondo del texto actual, solo serviría para legitimar una propuesta que ya cuenta con inconsistencias jurídicas documentadas.
El artículo 17 del proyecto establece que las licencias categoría A, C, D y E tendrán un horario "para el espectáculo público" hasta las 22:00 horas. Esto significa que, en la práctica, el establecimiento no está obligado a cerrar sus puertas: puede continuar vendiendo alimentos y bebidas alcohólicas bajo su patente comercial ordinaria, regida por la Ley N.° 9047, hasta las 2:30 a.m. Lo que el reglamento apaga es la música, el DJ, la banda o cualquier presentación artística. El resultado es un negocio abierto y sirviendo licor durante horas, pero en silencio —sin el componente cultural que ordena y da sentido a esa actividad.
Costa Rica ya cuenta con un número limitado de espacios donde músicos, DJs y artistas en vivo pueden presentarse de forma remunerada y en condiciones técnicas adecuadas. Para buena parte de ese gremio, ese circuito reducido de bares, restaurantes y salones es su principal —y a veces único— medio de trabajo y proyección profesional. Reducir el horario efectivo de presentación recorta drásticamente las oportunidades reales de trabajo digno para el sector artístico local.
La Ley N.° 9047 —según lo aplica el propio reglamento de licores de la Municipalidad de San José— permite a los bares vender licor hasta la medianoche, y a los restaurantes hasta las 2:30 a.m. Pero el artículo 14 del proyecto invierte esa lógica en cuanto al espectáculo público: los bares pueden ofrecer música o animación —aunque el baile requiere autorización expresa de la patente—, mientras que los restaurantes no pueden ofrecer baile, cover, consumo mínimo ni reservación obligatoria bajo ninguna circunstancia.
El resultado es una contradicción estructural: la licencia con horario más extendido (restaurante) es la que menos margen ofrece para el espectáculo que sostiene la operación nocturna, y la licencia con mayor flexibilidad de programación (bar) es la que debe cerrar más temprano. Ninguna de las dos figuras, tal como están diseñadas, corresponde a cómo opera realmente un negocio de entretenimiento nocturno moderno, que necesita horario extendido y flexibilidad de programación al mismo tiempo. Esta desconexión entre ambos regímenes es, muy probablemente, una causa de fondo del fenómeno que la propia Municipalidad ya documentó —negocios que se acomodan entre ambas licencias para poder operar de forma viable— antes de crear un reglamento adicional que no resuelve esa raíz del problema.
Más allá de ese problema operativo, el texto también presenta observaciones de técnica normativa que ameritan una revisión más profunda antes de continuar el proceso. Entre ellas se encuentran referencias legales que no corresponden al régimen vigente de horarios, criterios abiertos sin parámetros objetivos para determinar cuándo una actividad se desnaturaliza, conceptos jurídicos indeterminados que amplían la discrecionalidad administrativa, y nuevas cargas regulatorias cuya proporcionalidad no se justifica adecuadamente. El detalle completo de estas observaciones se incluye en el anexo técnico que acompaña este comunicado.
Una vez que el dictamen quede firme, el Código Municipal obliga a publicar el proyecto en La Gaceta y abrir una consulta pública por un plazo mínimo de diez días hábiles. El sector podría optar por esperar esa instancia para presentar sus observaciones. Sin embargo, hay una razón de fondo para no hacerlo en las condiciones actuales.
Esa consulta es no vinculante por disposición expresa del Artículo 43 del Código Municipal. La Municipalidad puede recibirla, procesarla, y acto seguido votar el mismo texto sin modificar una sola línea — y eso sería completamente legal. No existe ningún mecanismo que obligue al Concejo a justificar por qué rechazó cada observación recibida, ni a incorporar ningún cambio antes de la votación final.
En ese escenario, la participación del sector no incide en el texto — solo sirve para que la Municipalidad pueda afirmar, con respaldo formal, que "la ciudadanía fue consultada". Un reglamento con las inconsistencias jurídicas que se detallan en este comunicado no debería avanzar a esa etapa de consulta, porque hacerlo le otorga una apariencia de legitimidad que el proceso hasta ahora no ha ganado. Por eso la solicitud es que se rechace el dictamen el 14 de julio y se reinicie el proceso desde cero, con una metodología de participación que realmente vincule a las partes afectadas desde la etapa de redacción.
El sector reconoce y agradece públicamente a los regidores y regidoras que, el pasado 7 de julio, votaron en contra del dictamen y respaldaron la necesidad de un proceso más riguroso: Juan Diego Gómez González (Más San José), José Manuel Jiménez Gómez (Liberal Progresista), Yorleny Córdoba Moya (Progreso Social Democrático) y Álvaro Salas Carvajal (Unidad Social Cristiana). Su disposición a escuchar y su análisis técnico demuestran que sí es posible construir una mejor regulación cuando se toma el tiempo necesario para hacerlo bien.
La inmensa mayoría de la vida nocturna y cultural de la ciudad no opera bajo licencia de discoteca —la única categoría que conserva el horario extendido sin ambigüedad—, sino bajo licencias de restaurante y bar. Es ahí donde recae, en la práctica, el peso real de esta medida.
El sector cultural y creativo costarricense aporta cerca del 2,1 % del Producto Interno Bruto —más que el café y el banano juntos— y emplea a más de 45.000 personas, según la Cuenta Satélite de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y el Banco Central.
El sector convoca a una concentración pacífica y a la presencia ciudadana en el Salón de Sesiones "Cleto González Víquez", Edificio Tomás López de El Corral (Secretaría Municipal), Avenida 14, entre Calles 9 y 11, San José:
Lunes 13 de julio, 5:00 p.m. — Concentración pacífica, en vísperas de la discusión del proyecto.
Martes 14 de julio, 5:00 p.m. — Llegada y presencia ciudadana; la sesión donde se vota en firme inicia a las 6:00 p.m., según las actas oficiales del Concejo Municipal.
Nota: esta es la dirección oficial verificada. Cualquier convocatoria previa con una dirección distinta debe considerarse corregida por este comunicado.
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